El robo descarado de los medios «públicos»

Hoy más que nunca es necesario hablar sobre los medios de comunicación manejados por el Gobierno, eufemísticamente llamados públicos. Lo que ocurrió la noche del sábado, cuando el holding de canales incautados desplegaron todas sus capacidades para publicitar una encuesta como si se trataran de datos definitivos y con el evidente propósito de ser plataforma de los intereses del Gobierno, hace imperativo que en el Ecuador articule un movimiento para pedir una explicación.
Se podrá decir que esos canales tenían todo el derecho a contratar a la encuestadora de Santiago Pérez o a cualquier otra, y la verdad es que eso podría ser así si el pago hubiera sido hecho con el dinero de los dueños de los canales. Pero resulta que los dueños de esos canales son, quiéranlo o no, todos los ecuatorianos. Es decir el Estado.

Este caso no sino una pequeña muestra sobre el tema de fondo que es la forma en que se manejan los medios del Gobierno.
Durante todo el proceso de campaña electoral, estos medios que supuestamente deben representar los intereses de todos los ecuatorianos y no únicamente de quienes tienen el mandato de la mayoría para el gobernar el país, se convirtieron en burdos portadores de la maquinaria propagandística de Alianza País. Ya sea El Ciudadano, la agencia Andes, El Telégrafo, TC Televisión, TV Ecuador, la Radio Pública, Gama Televisión o CN3 no hicieron otra cosa que ser un engranaje más del operativo de propaganda del Gobierno.
Y eso tiene un nombre. Y se llama robo. Sí, robo porque funcionan con el dinero del Estado, es decir de todos. Aunque digan que tienen ingresos propios, lo cual es muy improbable, esos ingresos también les pertenecen a todos. Y cada centavo que se haya gastado en la promoción del Sí, en la publicidad de la figura del Presidente o del Gobierno es dinero que unos cuantos roban a otros que no necesariamente están representados por esa línea editorial.
Los ecuatorianos, es decir los accionistas de esos medios, no tienen ni la más remota idea de cómo se manejan las finanzas de estos medios ni tampoco sobre cómo se nombran a sus directivos. Eso sería impensable en el mundo de lo privado, donde los accionistas, por más minoritarios que sean, tendrían al menos la información de lo que pasan en sus empresas. Sería imposible en otros países donde el concepto de lo público encaja en los medios, esos sí, públicos como la BBC en Inglaterra.
¿Cómo es posible que un diario como El Telégrafo que debe tener una circulación equivalente a un diario de parroquia gaste, según se dice, más de 20 millones de dólares en una nueva prensa? ¿Hubo licitación pública para comprar esa prensa? Si a esas preguntas se le agrega que ese diario tiene como única línea editorial los intereses del partido gobernante, es fácil llegar nuevamente a la conclusión de que todo esto es robo.
Simple y llanamente robo. Y robo descarado.